Austin -- A menos que intervenga un juez federal, el poblado de Edinburg, en el Sur de Texas, sería el primero en aplicar la nueva ley de identificación electoral la próxima semana, y los abogados probablemente aprovecharán la elección especial para reunir evidencias para reforzar demandas a fin de obstruir la ley en el futuro.
Aunque el Departamento de Justicia federal y varios grupos de derechos civiles han interpuesto demandas federales para bloquear el requisito de que los electores presenten una identificación con foto expedida por el estado, hasta el viernes nadie había pedido una orden de restricción para frenar la aplicación de la ley.
Esto significa que tendrá efecto cuando se empiecen recibir votos adelantados en la elección especial de esa ciudad el miércoles.
Permitir a Texas aplicar la ley sería parte de una estrategia legal para derrotarla a largo plazo.
Texas ha estado al centro de una lucha en torno a las leyes electorales desde que la Suprema Corte falló en junio que el Congreso debe actualizar su forma de aplicar la Ley de Derechos Electorales de 1965.
Texas es el único estado en los últimos tres años donde un juez federal ha dictaminado que la Legislatura discriminó intencionalmente a las minorías.
Jueces federales en Corpus Christi llevan dos casos contra la ley de identificación electoral de Texas: una, fincada en junio por el representante federal demócrata Marc Veasey, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la NAACP y el condado de Dallas; y otra formulada apenas el jueves por el Departamento de Justicia.
Probablemente ambos casos serán fusionados por la juez Nelva Gonzáles Ramos, nombrada por la administración Obama.
El procurador general de Texas Greg Abbott insiste en que no hay nada malo en la ley de identificación electoral y dice que aplicarla es fundamental para prevenir cualquier fraude en futuras elecciones. También ha señalado que la Corte Suprema ha dictaminado que los estados pueden pedir una identificación con foto para votar.
Pero los oponentes afirman que eso es solo si el requisito no dificulta el voto a las personas, especialmente las minorías y que Texas hace justamente eso al exigir credenciales estatales.
Anteriormente la ley de Texas permitía a las personas votar después de presentar su tarjeta de registro de elector o una identificación estatal, federal, municipal o universitaria.
El Departamento de Justicia señala que solo se puede obtener una identificación estatal con el Departamento de Vehículos Automotores (DMV).
Muchos condados no cuentan con una oficina del DMV, o solo abre uno o dos días a la semana y nunca los fines de semana o después de las 6 p.m.
La denuncia agrega que para tramitar una Tarjeta de Identificación Electoral gratuita, la persona tiene que pagar $22 por una copia certificada de su acta de nacimiento ó $345 por una copia de sus papeles de naturalización y ciudadanía.
Estadísticas estatales demuestran que es más probable que los hispanos y afroamericanos no tengan una identificación expedida por el estado.
Por último, dice la demanda del Departamento de Justicia, está el proceso que usó la Legislatura, bajo control republicano, para aprobar la ley.
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