Washington -- El presidente Barack Obama ha reiterado los últimos meses su negativa a expandir el beneficio de la suspensión de las deportaciones fuera de los jóvenes dreamers.
Pero nunca se mostró tan tajante como el martes cuando le dijo a Telemundo que tal medida "no es una opción".
Activistas y detractores de una reforma migratoria coinciden en que Obama no quiere suspender las deportaciones vía administrativa a través de una orden ejecutiva en un momento en la agenda legislativa se acumulan proyectos clave para la salud y el funcionamiento del estado.
En este análisis coinciden dos polos opuestos en el debate migratorio: tanto Tania Unzueta, organizadora de la Red Organizadora de Jornaleros, como Mark Krikorian, director del Centro para Estudios Migratorios, coinciden en que Obama hizo el tajante anuncio debido a un cálculo político por encima de cualquier otra razón.
Obama "está preocupado de que los republicanos lo critiquen si llega a adoptar una decisión de manera unilateral", dijo Unzueta.
La agenda legislativa anuncia para fines de 2013 varios combates de pesos pesados, incluyendo la insistencia de varios republicanos de negar financiamiento al gobierno federal para impedir la implementación de la reforma de salud, y las discrepancias sobre cómo y cuándo reducir la deuda pública.
"Pero para nosotros se trata de la vida de personas de carne y hueso, no de simple política", dijo Unzueta durante una protesta el miércoles por la Red Organizadora de Jornaleros, durante la cual siete activistas se encadenaron a la cerca que rodea la Casa Blanca para exigir la suspensión inmediata de las derportaciones.
Entre el 2008 y el 2012 las deportaciones ascendieron a poco menos de 400,000 anuales, el doble de las 200,000 registradas en el 2007, la cifra más alta durante los dos periodos del presidente George W. Bush.
El gobierno anunció en junio del 2012 un programa para suspender las deportaciones de los dreamers.
Obama indicó el martes que suspender las deportaciones a otros migrantes sería "muy difícil de defender" con argumentos jurídicos.
Krikorian, del Centro para Estudios Migratorios que se opone a incrementar el ingreso de inmigrantes, alega que la posición de Obama no se debe "a argumentos jurídicos".
"Si él extendiera la suspensión de deportaciones a millones de personas que no vinieron a Estados Unidos como niños, incluso los solapadores en el Partido Republicano tendrían que objetar, y veríamos solicitudes para su destitución", dijo Krikorian. "Es por eso que no lo hace".
Si bien líderes republicanos se han pronunciado a favor de una reforma como una manera de acercarse al votante hispano que votó abrumadoramente a favor de reelegir a Obama en el 2012, muchos ese partido se han mostrado escépticos de permitir la nacionalización de los indocumentados.
Krikorian dijo desconocer cuál objeción legal podría esgrimir Obama porque "él ya violó la Constitución" al parar las deportaciones de dreamers.
"Cuando estableces un programa que estipula tarifas y requisitos, ya eso no es discrecionalidad para decidir si es justo o no deportar a alguien. Eso es establecer un programa de legalización obviando al Congreso y sin la autoridad legal para hacerlo", agregó.
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