Ciudad de México -- La apertura de la industria petrolera mexicana a las inversiones privadas, incluidas las extranjeras, corona un año de espectaculares victorias legislativas para un presidente que busca reestructurar las disfuncionales instituciones del país.
En sus primeros días en funciones, Enrique Peña Nieto logró un acuerdo político sin precedentes con los principales partidos de oposición. Luego impulsó reformas con el fin de introducir mayor eficiencia, transparencia y competitividad en el sector de telecomunicaciones, dominado por una oligarquía, así como en la educación, el sistema tributario, los bancos y, ahora, el sector petrolero estatal.
Pero por grandes que hayan sido esos logros, lo más difícil está por delante.
México tiene una abundancia de leyes progresistas, casi todas frustradas por la corrupción y la ineficiencia de los funcionarios de todos los niveles. Muchos agentes de policía están a sueldo de los narcotraficantes. Los reguladores federales hacen caso omiso de las prácticas monopólicas flagrantes de las compañías más grandes. Por eso, los mexicanos se muestran profundamente escépticos ante la posibilidad de cambios reales.
Durante el segundo de sus seis años en el poder se verá si el presidente de 47 años y su rejuvenecido Partido Revolucionario Institucional serán capaces de proteger a las reformas de la multitud de exenciones que habitualmente introducen en las leyes los legisladores aliados con determinados grupos interesados. Además, el presidente y su equipo deberán imponer su voluntad a los funcionarios federales, estatales y municipales, desde los burócratas de la enseñanza hasta los tribunales locales, encargados de ejecutar sus leyes sobre el terreno.
Analistas y el común de los ciudadanos ven con escepticismo la posibilidad de que los éxitos del primer año conduzcan a cambios reales frente a la resistencia de actores tan poderosos como los sindicatos docentes y las grandes empresas.
"En términos de la opinión pública ha habido una suerte de fiesta y de festejo de que se han podido conseguir ciertos acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas", dijo el politólogo Enrique Gutiérrez. "Pero bueno, todavía falta que ese discurso... pueda concretarse".
Muchas de las reformas de Peña Nieto están en duda. Inicialmente, envió un mensaje potente al encarcelar y acusar de corrupción a la poderosa dirigente del mayor sindicato de maestros del país. Pero el gobierno todavía está elaborando los detalles de la reforma educativa con los gobernadores estatales, que deberán superar sus viejas relaciones de dependencia recíproca con el sindicato para que los padres vean alguna diferencia en la educación que reciben sus niños.
Y el Congreso, distraído por otras batallas, dejó vencer los plazos para la aprobación de las leyes reglamentarias que introducirían cambios reales en el negocio de las telecomunicaciones, cuya oligarquía dominante brinda a los mexicanos los servicios menos eficientes a los precios más altos entre las grandes economías mundiales.
Parecería que los mexicanos están perdiendo la paciencia: los índices de aprobación de Peña Nieto bajaron del 54% a poco menos del 50% desde que inició su sexenio, de acuerdo con una encuesta a 1,000 adultos realizada en noviembre por la firma Mitofsky. La desaprobación se elevó del 34.5% a casi 49%.
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